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La Queja” es un breve resumen de “La Historia” una denuncia de los hechos y  un grito de socorro lanzado a las distintas instancias con las que el ordenamiento legal nos debería proporcionar el derecho a un Juicio justo y con todas las garantías.

Como se verá, de momento, “todo el mundo pasa del rollo” como diríamos los que no acostumbramos a insertar frases en latín pero ponemos interés en entender lo que nuestra legislación parece querer decir.

El encauzamiento es siempre “agotar los recursos legales” de una Administración que es “vox populi” lenta e ineficaz. Lo que agotas es tu tiempo de vida y te desangras en la constante imposición de costas y gastos de Letrados con que se escarmienta a quien no se resigna a aceptar una Justicia de Hecho que no de Derecho. Siempre pueden encontrar un pretexto por el cual el recurrente o su abogado no realizaron “algo en algún momento” y todo se desestima y la Tierra continúa siendo jurídicamente plana.

En el mejor de los casos se puede obtener Justicia a título póstumo.


LA QUEJA


Al Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Supremo

 

Escrito presentado por D. Angel Vidal Herrer con DNI: 2440***** y Domiciliado a efectos de Notificaciones en ***** PORTUGALETE (VIZCAYA)

 

Al amparo del Art.160.13 de La Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que los Presidentes de los Tribunales tendrán, entre otras, la función:

Oír las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias.

Así mismo, alego cuantas otras motivaciones que  a pesar de una incorrecta exposición puedan ser apreciadas.

Como que las posibles infracciones de los derechos constitucionales podrán ser alegadas ante cualquier Tribunal o que cuando un Tribunal tenga conocimientos de hechos susceptibles de ser una infracción penal adoptará las medidas oportunas.

 

Con el debido respeto y en la confianza de que se adoptarán las prevenciones necesarias expone los siguientes hechos:

 

En ejecución de una liquidación de gananciales, recurrida, pero ejecutable provisionalmente, me veré en la obligación de reintegrar al patrimonio ganancial una cifra que supera la totalidad de mi patrimonio. Lo que supondrá la subasta y mala venta de un local comercial que tenía adquirido antes del matrimonio y en el que está ubicada la empresa que fundé antes de casarme y de una pequeña vivienda que adquirí tras la separación, así como  la propia empresa.

La liquidación de gananciales dura ya catorce años y aunque he estado siempre representado por el preceptivo Letrado, que debería haber garantizado un juicio justo, en la práctica y de un modo efectivo, no ha sido así. Incomparecencias en vistas de apelación, reconocimiento de deudas inexistentes de las que los peritos judiciales han confirmado su inexistencia. Modificación de alegatos iniciales que han dado origen a que mi empresa se declare ganancial sin que se considere la documentación que acredita que se fundó antes del matrimonio y que al menos en parte, era privativa. He hecho todo lo humanamente posible cambiando de letrado cuando no me sentí efectivamente defendido y ninguno ha considerado viable exigir responsabilidades profesionales a sus compañeros. Como se expondrá sucintamente, son demasiadas anomalías como para no sospechar posibles corrupciones o al menos un reiteradamente anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

El envío de este escrito desde la desesperación, puede originar la renuncia del letrado actual, también es algo que ya ha pasado anteriormente. Los letrados no confían en que tan alto Tribunal pueda solucionar cuestiones de tan poco contenido, tampoco confían en el funcionamiento práctico de los recursos excepcionales, revisión, amparo….

Mi experiencia en estos catorce años tampoco me hace propenso a confiar en que este escrito sirva para algo. Sin embargo, la deformación profesional que origina haber fundado una empresa hace ya 27 años, ejerciendo desde entonces la gerencia, aprendiendo modelos de calidad y prestando atención a las quejas de mis clientes, asumiendo responsabilidades y persiguiendo permanentemente mejorar el servicio que prestamos, me empuja a presentar esta queja como forzoso cliente de la Administración de Justicia que soy.

Quiero someter también a la consideración de las más altas instancias, que situaciones de angustia extrema como en la que me encuentro, pueden desembocar según la fortaleza de las convicciones personales, en un escrito como este, ajeno a los procedimientos habituales que encauzan los letrados. Pero también pueden ser origen del germen de una violencia de género que no sabemos cómo limitar de un modo eficaz. Prevenir situaciones en la que se utiliza a la Administración de Justicia para llevar a las personas a situaciones desesperadas, es desde el punto de vista de quien en estos momentos lo está viviendo, mucho más eficaz que endurecer unas penas que ahora, a mi me daría lo mismo que fueran 10 o 40.

Efectuadas estas consideraciones a los efectos de que tenidas en cuenta, se adopten las prevenciones necesarias en aras de mejorar  permanentemente el Funcionamiento de la Administración de Justicia, entraré en enunciar brevemente los hechos concretos que motivan el presente escrito.

 

En el año 1995 la que  entonces era mi esposa presento una Demanda de Separación. En la comparecencia de Medidas Provisionales se practicó confesión sin la preceptiva presencia del Juez y sobre una documentación bancaria que estando disponible a la fecha de presentación de la demanda no se aportó.

La documentación bancaria, referente a las cuentas del matrimonio, a la empresa que dirijo y a las cuentas personales de alguno de los trabajadores de la empresa, había sido obtenida por la madre de mi entonces esposa, empleada de una entidad bancaria.

El Juez que no estuvo presente en la confesión, no me pudo advertir que estaba siendo evasivo en mis respuestas sobre la documentación bancaria. Estimó que había sido evasivo en las respuestas y como proponía el letrado adverso, que repercutía gastos personales en la mercantil. Con esa fundamentación de ingresos indefinidos fijó las medidas provisionales.

A mí me parecieron excesivas y además se cuestionaba mi honradez frente a mis hijos, frente a los trabajadores de la mercantil y a todo mi entorno personal.

Presenté una queja ante la entidad bancaria e informé a los trabajadores afectados de que documentación bancaria referente a sus cuentas personales había aparecido en el Juzgado de Familia.

La entidad bancaria sancionó a la madre de mi entonces esposa con 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Así mismo, originó una recriminación para el Letrado adverso puesto que en el expediente disciplinario se constató que las actuaciones consideradas desleales, habían tenido como impulsor al propio Letrado.

Desde entonces se inició un acoso a mi profesión de gerente, o como se llama actualmente “moving”, en el que para disfrazarlo de legalidad se ha utilizado fraudulentamente a la Administración de Justicia. Como se continuará exponiendo, he intentado defenderme por todos los medios legalmente posibles sin conseguirlo.

El Letrado adverso presentó ante el Juez de Familia la sanción laboral de la madre de mi entonces esposa como una muestra de mi mala fe y una venganza por haber colaborado con la Justicia en evidenciar mi utilización fraudulenta de la empresa.

Por mi parte y aconsejado por mi Letrado estuve dispuesto a aceptar unas Medidas Provisionales que consideraba excesivas para finalizar el contencioso lo antes posible.

La Sentencia que se dictó, establecía ente otras consideraciones que mi aceptación de unas Medidas Provisionales evidentemente excesivas para la remuneración que declaraba, no era sino la confirmación de que tenía unos ingresos por repercusión de cargas personales en la mercantil, muy superiores a los declarados. Concluía con unos fundamentos que para nada se correspondían con la realidad e incrementaba aún más las cargas familiares establecidas en las medidas provisionales.

Indignado y desoyendo a mi Letrado, como ahora, presenté una denuncia en el Juzgado de guardia contra el Letrado y contra el Magistrado. Según la tesis de los Letrados que he tenido, poner en conocimiento de cualquier Magistrado este punto, origina la desestimación automática de cualquier pretensión. El Letrado adverso no deja de recordarlo en todos los pleitos que han surgido y por el momento, casi siempre se cumple la premisa.

El Juez de guardia estimó indicios de delito y por cuestiones de competencia la denuncia pasó al Tribunal Superior de Justicia que la archivó por defecto de forma. Tras varias actuaciones que en este momento obviaré por no guardar relación con el “petitum” que se formulará, el Tribunal Constitucional dictaminó que existiendo la vía teóricamente posible de la querella, no es necesario que las responsabilidades de los Magistrados se investiguen de oficio promovidas por una denuncia  como ocurre con otras profesiones.

Respetuoso con la resolución  y con el conocimiento adquirido por la experiencia de 14 años de procesos judiciales, renuncio a solicitar responsabilidad alguna a Jueces o Magistrados por los hechos que ahora se ponen en conocimiento de tan alta instancia.

Realizado este pronunciamiento, continuaré con la enumeración de los acontecimientos.

Mi Letrado renunció cuando tuvo conocimiento de mi denuncia y el que le sustituyó estimó conveniente solicitar nulidad de actuaciones debido al modo de obtención inicial de la documentación bancaria. Cursó así mismo la apelación e inició una demanda contra la madre de mi entonces esposa y la entidad bancaria. A la demanda se sumaría poco después una de las trabajadoras cuyas cuentas bancarias personales habían aparecido en el Juzgado de Familia.

La nulidad de actuaciones fue desestimada. Una auditoría de la mercantil que confirmaba que mis ingresos eran los que facilité al Juez se desestimó por causas procesales. Cuatro años después, mi Letrado no se presentó por error en la vista de apelación y la Sentencia de Separación fue confirmada.

En sustancia se ratificaron unas elevadas cargas familiares sobre unos ingresos indefinidos procedentes de unas actuaciones fraudulentas, la repercusión de gastos personales y familiares en una mercantil. Una resolución judicial firme se sustentaba en unos ingresos ilegítimamente obtenidos, el supuesto “dinero negro” era blanqueado por la resolución judicial a medio del pago de cargas familiares. Se presumió la continuidad del fraude  y en ningún momento se consideró mi derecho a rehabilitarme y que me vería obligado a acreditar mi nueva inocencia (honradez) en un futuro para solicitar una modificación de medidas.

Tampoco la demanda interpuesta por la obtención de documentación bancaria obtendría un resultado coherente. En la creencia de que la “pobre madre y empleada bancaria” había auxiliado a la Justicia para acreditar mis fraudes, los Tribunales la nombraron administradora “virtual” de la mercantil sin que hoy en día se sepa cuando se inicia la efectividad de su nombramiento ni el final de un cargo que nunca se registró legalmente conforme a la legislación mercantil. De paso, se legalizó que como “administradora virtual” podía conocer las remuneraciones de los trabajadores…. En sus cuentas personales, que no en las de la empresa, que siempre estuvieron a su disposición en el banco. La resolución no fue recurrida en el Tribunal Supremo, ni los letrados, ni los empleados ni yo mismo, teníamos ya la más mínima confianza en la Administración de Justicia.

Pasados unos años llegó el Divorcio, nuevamente contencioso. En más de cuatro años, en los que malviví en un local comercial desocupado, la crisis del 92-94 había pasado. Cuando te cambian una familia por un régimen de visitas te queda mucho tiempo para trabajar. La empresa había mejorado su situación y mi reducido sueldo de 1995 era ya casi similar al del sector. Con dos auditorías ya superadas, mi entonces esposa no pudo seguir sustentando su pretensión de continuidad de repercusión de gastos personales en la mercantil. Mi remuneración real fue estimada por el Juez y las cargas familiares ligeramente actualizadas.

Habían pasado cuatro años pagando cargas familiares por unos ingresos que no tuve y por unos fraudes que nunca cometí.

En un interminable proceso de liquidación de gananciales que ahora finaliza, se han realizado dos periciales. La primera promovida de adverso con la pretensión de que mi remuneración fuera la de la crisis del año 1995. La que no estimó suficiente para las cargas familiares impuestas en medidas provisionales, el Juez de la Separación. Se pretendía actualizarla con la subida mínima del convenio colectivo del Sector que se aplica a los asalariados.  Se fraccionó la reclamación de los dividendos que se hubieran repartido de tener una remuneración menor para originar duplicidades. En la pericial, el perito ya indicó que mi remuneración inicial era muy inferior a la del sector, confirmó  que la remuneración que desestimó el Juez como cierta, si resultaba ser verídica y que además la repercusión de gastos personales en la mercantil que se había estimado merced a la mencionada documentación bancaria que parcializó y tergiverso la empleada bancaria y los contables del Letrado adverso, no habían existido. En principio, nada que no hubiera indicado la auditoría que se desestimó en  la apelación de la Sentencia de Separación.

Aparentemente no pasaba nada, se había engañado a los Tribunales con una documentación bancaria obtenida merced al puesto de trabajo en una entidad bancaria y con las habilidades procesales de un Letrado prestigioso. Las actuaciones de la empleada bancaria se legalizaron en la creencia de que su intención era auxiliar a la Justicia y ha quedado acreditado que el  fraude cometido no corresponde a mis actuaciones sino a las de quienes me acusaron injustamente y lograron culpabilizar a un inocente.

Sin embargo el fraudulento soy yo, en virtud de resoluciones firmes. El muerto camina por la calle pero yo he tenido todas las garantías para acreditar mi inocencia.

Pagar por unas cargas familiares que no me correspondían, eludiendo la madre las suyas y privarme con artificios legales de mi dignidad profesional, no era suficiente en un acoso disfrazado de legalidad que dura ya 14 años.

Ahora las remuneraciones que se juzgaron como mías, cuantificadas y ratificadas por auditorías y periciales, resultan no serlo en la ejecución de gananciales y mediante nuevos artificios legales del Letrado adverso tengo que devolver al patrimonio ganancial unos créditos que superan la totalidad de la remuneración neta percibida en 12 años. Mi nueva remuneración retroactiva por 12 años de trabajo da como resultado una deuda.

Como es natural, no tengo patrimonio para hacer frente a tamaña aberración jurídica y en breve mis bienes serán liquidados en subasta, sin que alcance para cubrir la deuda.

En la ejecución de la sentencia de liquidación de gananciales en curso, el Juez aprobó a instancias de mi abogado actual, (hasta que sepa que he presentado este escrito), que otro perito calculara cual hubiera sido el coste normal de un gerente externo, un gerente cualquiera pagado con la remuneración normal del sector considerando la evolución de la empresa en esos 12 años.

Pensé, inocente de mí, que al final todo podría al menos encauzarse en parte y a pesar de que anteriores Letrados reconocieran deudas inexistentes que tengo que pagar y dejaran perder la privaticidad parcial de mi empresa. Podría rehacer mi vida.

Por causas desconocidas el perito no ha calculado el costo total  normal para un gerente en el sector de la empresa, ni ha realizado la pericial en los términos acordados por el Juez. En su lugar ha tomado la media de la remuneración normal que consideró la anterior pericial en plena crisis económica de 1992 a 1995 y le ha subido el mínimo del convenio colectivo del sector, que no se aplica a los directivos, con lo cual las remuneraciones propuestas resultan ser muy inferiores a las que publican las estadísticas del sector.

Por si no fuera suficiente, el Juez ha desestimado los resultados de la pericial que me aprobó  y ha validado la realizada a petición del Letrado adverso que confunde al Juez con costes para la mercantil y remuneraciones realmente percibidas. Para obtener que los dividendos no repartidos durante 12 años a causa de mis excesos de remuneración son superiores a la totalidad de la remuneración efectivamente percibida y de la cual dediqué un 30% aproximado para pagar cargas familiares impuestas por unas resoluciones en las que mi remuneración si era mía y era legítima.

Entiendo que hay responsabilidades susceptibles del ámbito penal, en que un perito judicial con obligación de auxiliar a un Juez en la toma de resoluciones ajustadas a Derecho, no indique claramente que es imposible que los dividendos que se hubieran repartido ganancialmente si yo hubiera tenido una remuneración menor puedan superar, como sucede,  la totalidad de los ingresos que realmente he percibido. Así mismo, el perito mostró una evasividad manifiesta en las aclaraciones que mi Letrado le solicitó en la vista.

Durante 12 años facilité a los Jueces mi remuneración real, reiteradamente confirmada por auditorías y periciales. Se ha acreditado que no se repercutieron gastos personales ni familiares en la mercantil. Mis remuneraciones constaron en las cuentas de la mercantil que figuran en actas notariales y depositadas en el Registro Mercantil. Fueron examinadas y aprobadas en los plazos previstos por la legislación mercantil, por mi ex mujer y sus expertos contables, nunca fueron impugnadas. Resultaban mías y legítimas para establecer las cargas familiares que pagué y ahora mi nueva remuneración retroactiva para 12 años de trabajo resulta ser una cifra negativa.

La ejecución provisional de la sentencia significará mi definitiva ruina personal, la pérdida de todo mi patrimonio, incluida una empresa en la que trabajamos 8 personas con la legítima pretensión de superar una crisis durísima y salvaguardar los puestos de trabajo.

La venganza del Letrado adverso y de sus clientas quedará consumada y 14 años de acoso o “moving”  a mi profesión, disfrazado de legalidad, habrá obtenido su resultado final.

Aunque una posterior resolución revocara la ejecutable, incluso ordenando repetir la pericial en los términos aprobados para que como es de sentido común, se estime que mi costo para la mercantil sea el normal en el sector. Los daños serán irreversibles.

Queda patente que se ha engañado a la Justicia y dudo que los resultados mencionados se puedan obtener sin infracción penal. Tanto el Letrado como el Perito y las beneficiarias económicas del fraude son susceptibles de la responsabilidad que tan alta instancia pueda estimar.

Cansado de explicar a numerosas personas mi situación personal de ruina inminente, empezando por los directivos bancarios que han confirmado que con el patrimonio de una vida de trabajo no puedo conseguir un crédito suficiente para pagar la deuda a mi ex esposa. He decidido contar minuciosamente los hechos en una página web donde se puede obtener la documentación que acredita todos los extremos brevemente mencionados. Documentación que pongo a disposición del Juzgador, www.eldivorciodeangel.com , sin perjuicio de cuantas otras acciones se estimen necesarias para el esclarecimiento completo de lo que considero un abuso fraudulento de Derecho y un acoso a mi trabajo como emprendedor, gerente y generador de puestos de trabajo.

 

En virtud a las alegaciones mencionadas,

 

SUPLICO

 

Que se estimen indicios de infracción penal y se inicien las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Que se suspendan las  actuaciones civiles y en particular la Ejecución Provisional de la Sentencia de Liquidación de Gananciales del Juzgado nº6 de los de Bilbao en tanto se resuelven las posibles responsabilidades penales.

Que se establezcan las responsabilidades penales, si las hubiera, de las siguientes personas:

a)    D. Juan Poirier Benito del Valle, Letrado artífice del posible fraude procesal y del posible acoso disfrazado de legalidad. Por utilizar sus habilidades profesionales para inducir a error a los Tribunales,  por venganza personal y lucro económico, más allá de los límites establecidos en su profesión.

b)    D. José Antonio Pérez Hernández, Censor jurado de cuentas. Por no realizar la pericial encomendada en los términos aprobados por el Juez y por no auxiliar debidamente a la Justicia, indicando claramente al juzgador que siendo el fin de la pericial obtener mi remuneración legítima durante 12 años, resulta imposible que los dividendos no repartidos a causa de los excesos de mi remuneración, sean superiores a la totalidad de la remuneración efectivamente percibida.

c)    D. Juan Bautista Ortiz Iglesias, economista, contable o similar, presuntamente diseña para el Letrado los artificios contables con los que se induce a error a la Justicia, fraccionamiento de los extremos de las periciales que se solicitan, presentación tergiversada de documentación bancaria, etc.. Revisó las cuentas de la mercantil como experto de mi ex esposa y se presentó como testigo experto en la vista de  liquidación de gananciales para intentar sobrevalorar la empresa que se me adjudicaría.

d)   Dª. Isabel Torreira Ramirez, demandante de la separación que ha utilizado los procedimientos judiciales para beneficio económico propio y venganza personal.

e)    Dª. Isabel Ramirez Abeitua que utilizó su puesto de trabajo en una entidad bancaria y a petición del Letrado, para inducir a error a la Administración de Justicia. Se ha beneficiado económicamente de la situación comprando en subasta a bajo coste una vivienda del matrimonio que tras asegurar al Juez que era por la salud de sus nietos, vendió varios meses después obteniendo varios millones de pesetas de beneficio. Es la persona que con grandes recursos económicos ha financiado toda la operación.

 

Por ser de Derecho y en aras de un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, solicita,

 

 

 

Angel Vidal Herrer



Respuestas:

27.02.2009 Tribunal Supremo (Gabinete Técnico):

El Exmo. Sr. Presidente ya no escucha las quejas (Art.160.13 L.O.P.G.) por un defecto de forma no contemplado en el artículo de la Ley alegado. Se sugiere la Sección de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial.

Ver respuesta

Me opongo, no puedo “recurrir” por no ser Letrado y si lo fuera no recurriría. Años antes el Exmo. Sr. Presidente si escuchaba las quejas y las contestaba.

(Causa Especial 3460/96)

Ver oposición

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23.02.2009 Consejo General del Poder Judicial (Atención Ciudadana):

La investigación de presuntos delitos corresponde a los Juzgados de Instrucción. Denuncia en el Juzgado de Guardia.

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22.05.2009 Juzgado de Instrucción:

No   aprecia  infracción penal. Se puede recurrir con Letrado (y procurador) (tampoco funciona). Todo esto ya lo viví años antes. De la Fiscalía no he tenido noticias.

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23.02.2010:  El Defensor del Pueblo inicia expediente nº: 10003124

No tiene competencias para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia con el pretexto de que se pretende modificar las propias resoluciones.

Ver respuesta


Alego. Ver alegación


(Continuará)


 


 
 
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